MOCIÓN SOBRE POBREZA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS:
La
pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis
social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella
situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de
pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la
satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a
destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura
energética de sus viviendas.
Según
el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con
enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final
de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas
de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden
permitirse y cuáles no.
A
este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de
condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro
país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los
riesgos que ello comporta especialmente para las personas con
factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.
Frente
a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a
otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas
estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser
evitadas con solidaridad y también con la legislación.
La
Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar
medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar
contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido
elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro
de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna
asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el
consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en
periodos críticos.
Mientras
diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores
más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el
suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación
española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes.
Creemos
imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros
vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de
aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los
problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que
marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de
afrontar las principales casusas por las que esa pobreza energética
se produce y manifiesta.
Estimamos
preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un
derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a
una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo
más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para
aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza
energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el
consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Entendemos
que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto
de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la
eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con
más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación
de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor
optimización de los recursos energéticos.
Ante
todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una
medida de política social, con el propósito de garantizar los
principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los
consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de
esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.
Por
ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arteixo
presenta la siguiente
MOCIÓN
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal del
SIGUIENTE ACUERDO:
- INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE DE FORMA INMEDIATA PRESENTE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA SU APROBACIÓN, UNA LEY DE PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.